IDEAS Y PROPUESTAS PARA AVANZAR EN LA PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSAL 

El estado de bienestar actual tiene sus limitaciones y son necesarias medidas que promuevan la protección social de la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables, con tal de reducir las desigualdades. Este es el contexto en el que se enmarcó, el pasado 30 de enero, el evento ‘El escudo social del siglo XXI: Hacia un sistema de protección social universal en España’, organizado por Oxfam Intermón y al que nos acompañaron algunas de las organizaciones vinculadas con Tejiendo Derechos.  

Bea Novales, Directora de Programas, Ciudadanía e Incidencia de Oxfam Intermón, fue la encargada de dar la bienvenida e introducir algunos datos que reflejan la importancia de reflexionar acerca de las limitaciones del sistema de protección social actual. Y es que en España solo se dedica el 1% del PIB a rentas de garantías de ingresos, un 40% menos que el resto de la Unión Europea, una cobertura precaria que además se centra en un sistema contributivo, lo que deja fuera a las personas que no han cotizado o han cotizado poco a lo largo de su vida laboral. De esta manera, el evento fue un espacio donde se expusieron propuestas innovadoras para mejorar la cobertura social. 

Propuestas con un enfoque universal 

La primera mesa tuvo como finalidad conversar sobre propuestas que se caracterizan por su universalidad, es decir, que se dirigen al conjunto de la población sin distinción de ningún tipo.  

Sergi Raventós, miembro de la Oficina del Plan Piloto para implementar la Renta Básica Universal (RBU) en Cataluña, fue el encargado de explicar en qué consiste esta propuesta: una aportación económica individual (se otorga a cada persona), incondicional (no hay que cumplir con ningún requisito para percibirla) y periódica. La finalidad de esta renta es redistribuir la riqueza y revertir las desigualdades. El plan piloto del Gobierno catatán contempla otorgar a una muestra de 5.000 personas una aportación de 800€ a cada persona adulta y 300€ a cada menor de edad a lo largo de 24 pagas. Con esta medida se espera extraer información sobre si la RBU contribuiría a solucionar la desigualdad y cómo beneficiaria a la población con menor recursos y con más riesgos de exclusión.  

Por el contrario, la herencia universal se contempla como una aportación única y puntual destinada a que las personas jóvenes puedan emprender su proyecto vital. Leire Salazar, investigadora de la Comisión Europea, afirmó que la herencia universal contribuiría a promover la justicia intergeneracional, ya que la mayoría de las medidas de protección social se dirigen a franjas de edad más elevadas. Actualmente, se han realizado simulaciones de implementación de herencia universal en cuatro países europeos para recabar datos sobre qué pasaría al implementarla y cómo se redistribuiría la riqueza. Ver presentación de Leire.

Por su parte, Neil Howard, de la Universidad de Bath, explicó dos proyectos experimentales de unconditional cash (dinero efectivo incondicional) que se han llevado a cabo en la India y Bangladesh. El alcance de estos proyectos ha sido de 10 mil personas en cinco comunidades durante dos años. En estos proyectos la aportación económica se ha combinado con otras medidas de acompañamiento a la población destinataria como la capacitación profesional o la orientación laboral. Ver presentación de Neil.

Complementos salariales en un contexto laboral precarizado 

En la segunda mesa se sumaron otras voces, como la de los sindicatos, las organizaciones sociales y los centros de investigación para abordar la pertinencia de los complementos salariales. Maika Sánchez, Directora de Empleo de Cruz Roja, comentó que, si bien antes un trabajo alejaba a las personas de la exclusión social, ahora no lo garantiza. La precariedad laboral es un hecho y afecta, en mayor medida, a las personas con baja cualificación o a las personas con alta cualificación no homologada. 

Para Joseba Zalakaín, Director del Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y Política Social (SIIS), Francia es un buen ejemplo de la implementación de este tipo de medidas que ayudan a completar los sueldos de las personas trabajadoras, ya que, según afirmó, el 10% de la población adulta las percibe. Ver presentación de Joseba.

Desde Comisiones Obreras (CCOO), su representante, Manuel Llorente, comentó que el sindicato valora positivamente los complementos salariales, pero puso en valor el papel clave de la negociación colectiva para conseguir mejoras laborales y luchar contra la precariedad. Mientras que Ángel Martínez, Analista del Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol, alertó del riesgo de que estas medidas funcionen como una subvención a las empresas. 

¿Las ayudas llegan a quién le corresponde? 

La tercera y última mesa se centró en analizar el fenómeno llamado non-take up o, dicho de otro modo, el hecho de que las personas que pueden percibir una ayuda no conocen dicha medida o no puedan acceden a ella por múltiples motivos: trabas burocráticas, brecha digital, etc. Esto es lo que ha sucedido, según las y los participantes de esta mesa, con el Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

Para Lucía Gorjón, Investigadora de Iseak, la cobertura del IMV ha sido muy baja porque las personas a las que se destina esta prestacióndesconocen la medida o no saben cómo solicitarla. En su opinión, debería ser la administración quien contactara con las personas susceptible de recibir esa ayuda y no al revés (ver presentación de Lucía). Para Álvaro Revilla, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, uno de los impedimentos para analizar el funcionamiento de esta medida es que apenas hay datos sobre a quién está llegando. A esto se suma que no existe homogeneización y que se dan diferentes niveles de implementación según la Comunidad Autónoma. Ver presentación de Álvaro.

Por su parte, Heider Ferreira, Coordinador de la Investigación Acceso Vital de EAPN, habló del discurso y la percepción de algunos sectores de la sociedad que se refieren al IMV como ‘la paguita’ y la necesidad de desmontar esa narrativa e intentar hacer comprender que acceder a un ingreso que, a su vez, da acceso a recursos esenciales es un derecho. Raquel Gil, Directora de Formación de la Fundación Ared, se adentró en las múltiples trabas existentes para solicitar el IMV, entre ellas, el propio estigma de la pobreza, que hace que muchas personas dejen de solicitar las ayuda por vergüenza, o las múltiples trabas burocrática; en este sentido propuso la creación de ‘ventanas únicas’ para agilizar los trámites y que la persona solicitante tenga una atención personalizada. Ver presentación de Raquel.

Numerosas propuestas y poca voluntad política 

Las diferentes intervenciones a lo largo de las tres mesas de debate dejaron ver que existen numerosas propuestas, ideas, proyectos pilotos y simulaciones para impulsar la protección social de la ciudadanía. Tal y como comentaron, la implementación de estas propuestas, sobre todo las que tienen carácter universal y que, por tanto, requieren una gran partida presupuestaria, tendrían que ir acompañadas de un sistema tributario progresivo. Si las rentas más altas pagaran proporcionalmente más impuestos se podrían financiar estas medias de protección social. 

Con ello, sería posible implementar alguna de estas propuestas o, el menos, probar su funcionamiento. Sin embargo, el mayor escollo para poner en marcha estas medidas de redistribución de la riqueza es, en definitiva, la falta de voluntad política.