Masacre en la valla de Melilla: Tres años luchando por la verdad, justicia y reparación

Desde Tejiendo Derechos apoyamos a organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos fundamentales. Una de ellas es Mec de la Rue, una asociación basada en Melilla que acompaña a menores y jóvenes migrantes no acompañados, y denuncia las vulneraciones de derechos que ocurren en la frontera sur.  

Entre sus acciones más recientes, co-organizaron una concentración para exigir verdad, justicia y reparación por la masacre en la valla de Melilla el 24 de junio de 2022. Según datos de diferentes asociaciones defensoras de Derechos Humanos, decenas de personas murieron y más de 70 desaparecieron al intentar cruzar la frontera entre Marruecos y España. Vidas que se acabaron al intentar aspirar a un futuro mejor. Cualquier persona, independientemente de su país de origen, tiene derecho a recibir protección y a vivir su vida en paz. 

Hablamos con Maite Echarte, portavoz de Mec de la Rue (MDLR), sobre lo que ocurrió aquel día, las demandas que siguen vigentes y la necesidad de mantener viva la memoria frente al olvido y silencio institucional. 

1. Tres años después de la masacre en la valla de Melilla, ¿siguen vigentes vuestras demandas? 

Sí. Seguimos exigiendo verdad, justicia y reparación. Lo ocurrido aquel día no fue un hecho aislado. Fue una masacre con responsabilidad de Estado, consecuencia directa de una política migratoria racista,  violenta y que prioriza el control y la muerte en frontera por encima de los derechos humanos más básicos. Pedimos: reapertura del caso con independencia, responsabilidades políticas y judiciales, identificación de las víctimas, reparación a las familias, y un cambio estructural en las políticas migratorias que priorice los derechos humanos. 

2. ¿Qué obstáculos habéis encontrado?  

Estamos encontrando muchos obstáculos : 

– Falta de voluntad política: Desde el inicio, el Gobierno español se ha negado a asumir responsabilidades, aferrándose a una versión oficial —que las muertes ocurrieron en suelo marroquí y que la actuación fue “proporcional”— pese a las evidencias que lo contradicen (vídeos, testimonios, informes del Defensor del Pueblo, Amnistía Internacional y la ONU). El Ministerio del Interior ha rechazado una investigación independiente y pública. 

– Cierre judicial del caso: La causa abierta en Melilla fue archivada sin tomar declaración a las víctimas ni revisar todas las grabaciones. El sistema judicial ha negado a las familias su derecho a la verdad y la justicia, como si estas muertes no merecieran atención. 

– Falta de acceso a las víctimas y sus familias: No sabemos quiénes murieron exactamente. Muchos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin identificar, y no se ha contactado a sus familiares ni ofrecido reparación. Esta despersonalización es una forma más de violencia institucional. 

– Criminalización de los supervivientes: Varias personas que sobrevivieron fueron detenidas, deportadas o procesadas en Marruecos. En lugar de ser protegidas como testigos clave o solicitantes de asilo, fueron tratadas como delincuentes, dificultando la obtención de testimonios y reforzando la impunidad. 

– Racismo institucional y social: Una parte importante de los obstáculos está en el racismo estructural que recorre nuestras instituciones. Las víctimas eran hombres negros, africanos, migrantes, pobres. Esa es la razón por la que sus muertes no han provocado una reacción social y política proporcional. No todos los cuerpos valen lo mismo para el sistema, y esa es una verdad incómoda que seguimos denunciando. 

– Externalización de fronteras: Muchos mecanismos de control migratorio han sido externalizados a Marruecos, lo que permite al Estado español eludir sus responsabilidades legales y morales. Esta arquitectura política impide cualquier investigación o rendición de cuentas real. 

3. ¿Ha habido algún tipo de reparación para las víctimas y sus familias?  

A pesar de la gravedad de los hechos —al menos 37 personas muertas, decenas de heridos y varios desaparecidos—, ningún cargo público ha asumido responsabilidad política ni ha reconocido fallo alguno en el operativo. Tampoco ha habido disculpas públicas ni se ha activado ninguna medida concreta de reparación. Incluso después de que el Defensor del Pueblo español señalara que se habían producido “devoluciones ilegales” y que se había negado el derecho al asilo a personas claramente necesitadas de protección, el Gobierno rechazó su informe y mantuvo su versión de los hechos sin matices. 

El cierre judicial del caso en España, sin imputaciones ni investigación en profundidad, y la falta de una comisión parlamentaria de investigación refuerzan esta postura de cierre y negación oficial. 

4. ¿Los familiares de las personas asesinadas han conseguido recuperar los cuerpos? ¿Se ha logrado localizar a las personas desaparecidas aquel día? 

No existe una lista oficial de fallecidos ni desaparecidos. Según diversas organizaciones, al menos 37 personas murieron ese día (otras estimaciones hablan de hasta 70), pero el número exacto es incierto porque no se ha hecho público ningún registro oficial de víctimas.  

Las familias no han recuperado los cuerpos ni recibido información, verdad o reparación. Las autoridades marroquíes realizaron entierros sin identificación ni autopsias.  

Algunos supervivientes huyeron por miedo, otros fueron detenidos o deportados y se desconoce su paradero. Marruecos y España no han activado mecanismos de identificación como pruebas de ADN o recolección de datos familiares. Esta falta de acción institucional constituye una forma de violencia. 

5. ¿Habéis podido contactar con alguna persona superviviente o con sus familiares? Si es así, ¿qué os transmiten?  

Lo que más repiten es que se han sentido abandonados: por las instituciones, por los gobiernos, por los medios de comunicación. Nos dicen que sus vidas no parecen importar. Que si hubieran sido europeos, todo el mundo sabría sus nombres. 

A pesar del dolor, las víctimas no piden caridad, piden justicia. Piden que se reconozca lo que ocurrió, que se identifiquen los cuerpos, que se escuche a los supervivientes, que se acabe la impunidad. Quieren que sus voces cuenten, que sus muertos no queden enterrados en el olvido, que sus historias no se reduzcan a cifras. 

Otros no quieren hablar de lo que vivieron, no son capaces de hablar. 

En cada testimonio hay dignidad, fuerza, y un grito de humanidad que el sistema ha tratado de silenciar. 

6. ¿Por qué es importante que la sociedad española conozca lo sucedido y continuemos pidiendo justicia?  

Porque lo que ocurrió el 24 de junio de 2022 en la frontera de Melilla es un hecho que nos interpela como sociedad, que pone a prueba nuestros valores democráticos, y que revela qué vidas consideramos dignas de ser lloradas, escuchadas y protegidas. 

No se puede construir democracia sobre el silencio. Un país que oculta una masacre en su frontera y no asume responsabilidades está debilitando su propio Estado de derecho. 

Si naturalizamos la violencia en las fronteras, si permitimos que las muertes se gestionen con indiferencia, estamos aceptando que existen personas descartables. Y eso nos deshumaniza a todos. Las víctimas tienen nombre, rostro e historia. Eran personas jóvenes, muchas huyendo de guerras como la de Sudán, con derecho a solicitar asilo. Si no conocemos sus historias, si no escuchamos a sus familias, la masacre se convierte en estadística. Y el olvido es otra forma de violencia. Pedir justicia no es mirar al pasado, sino proteger el futuro. 

Exigir verdad, justicia y reparación no es solo para honrar a quienes murieron, sino para evitar que otras personas sufran lo mismo. Porque no puede haber paz sin justicia. Y no puede haber justicia sin memoria. 

Conocer lo que pasó, difundirlo, enseñarlo en escuelas, hablarlo en los medios, es una forma de resistencia frente a la impunidad. Es la forma de decirle al poder que la sociedad no olvida. Que las vidas negras, migrantes, pobres, también importan. Que la frontera no puede ser una zona sin derechos. Y que la dignidad humana no se negocia, se defiende.