REFLEXIONES  Y DEBATES SOBRE LA POLÍTICA MIGRATORIA QUE QUEREMOS A LA LUZ DEL PEMA, EL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA Y LA LEY DE ASILO 

Más de 70 organizaciones nos encontramos el pasado 29 de mayo en Madrid en la Jornada “Ciudadanía Diversa, hacia un nuevo paradigma en la política migratoria”. Un espacio de diálogo colectivo en torno al modelo de política pública migratoria que queremos construir, a la luz del recién aprobado Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y la necesaria reforma del reglamento de extranjería, así como la adaptación de la Ley de Asilo. 

María Fernández, coordinadora de Incidencia y Comunicación de Andalucía Acoge, se encargó de iniciar el encuentro y dar las pinceladas de un contexto político nada favorable para la consolidación y avance de los derechos de la población migrada y solicitante de asilo.  

También en la bienvenida, Raquel Checa, responsable del Programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón, recordó que, según la Encuesta sobre Desigualdades Múltiples de la propia organización, la sociedad española percibe y reconoce que la desigualdad que enfrentan las personas migradas en situación administrativa irregular es una de las “principales desigualdades en nuestro país”.   

Tras las palabras de bienvenida comenzaron las mesas de diálogo, que propiciaron interesantes conversaciones y debates que se extendieron tanto en el turno de preguntas como en los espacios informales del evento. 

Mesa 1: Poniendo el foco en el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA) 

El tema de la primera mesa giró en torno al Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA). En palabras de Patuca Fernández, abogada de la organización Coordinadora de Barrios, lo que se ha aprobado es un “pacto anti-inmigratiorio» que ha salido adelante porque “se está rompiendo el consenso que existía sobre los derechos humanos y su vigencia”.   

Según Eleonora Testi, Senior Legal Officer en la European Council on Refugees and Exiles (ECRE), el Pacto “codifica prácticas que ya se estaban haciendo”, como son los centros de detención fronterizos, la detención de menores, la externalización de fronteras o las llamadas devoluciones en caliente. En este sentido, el Pacto nos pone ante un nuevo contexto en el que ya no se podrán presentar denuncias ante ciertas prácticas porque ahora estarán permitidas.   

Ambas ponentes pusieron énfasis en el riesgo que suponen las excepciones incluidas en el Pacto y que contemplan la suspensión de derechos, como el derecho al asilo, ante una situación de crisis migratoria, sin dejar claro qué se entiende por crisis. Igualmente, denunciaron la llamada “solidaridad a la carta”, una medida que permite a los países pagar para no acoger, enviando a terceros países a las personas que llegan a las fronteras europeas, incluyendo como destino aquellos estados donde no hay garantías de que se respeten los derechos humanos. 

En diciembre está previsto que los países miembros hayan elaborado sus planes de implementación nacionales, lo cual, según apuntaba Testi, deja escaso margen de maniobra para influir y hacer incidencia en la norma española. Para el 1 de julio de 2026 el plan nacional debe estar aplicándose en su totalidad.  

Mesa 2: Diálogo “Regularización y Reforma del reglamento de extranjería”  

Aterrizando en España, la segunda mesa estuvo centrada en reflexionar acerca de los procedimientos de regulación que contempla el marco normativo español, incluyendo las dificultades que enfrentan las y los menores no acompañados y los mayores de edad extutelados.  

En palabras de Elvira Pérez, coordinadora del equipo jurídico Andalucía Acoge, “la ley de extranjería obliga a estar de forma irregular” para poder solicitar la regularización por la vía de arraigo, la forma más habitual. En los últimos años se han incorporado algunos procedimientos, como el arraigo por formación, que, en la práctica, es inviable porque la persona tendría que estar de uno a dos años estudiando sin posibilidad de trabajar y, por tanto, de obtener ingresos.  

Ismail El Majdoubi, fundador de la Asociación EXMENAS, visibilizó la situación de las y los menores no acompañados, que, tras llegar a nuestro país, son derivados a “centros de contención” cuya mera existencia fue tildada por El Majdoubi como “violencia”. También señaló la diferencia con respecto a las niñas, niños y adolescentes llegados de la guerra en Ucrania, donde sí se puso en marcha un sistema de acogida y protección.  

En medio de un contexto desfavorable para los derechos de la población migrada, Edith Espínola, portavoz de Regularización Ya, contó los avances de la propuesta de ley para la regulación de 500.000 personas que ya viven en nuestro país. La admisión a trámite el pasado mes de abril de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue un momento esperanzador, sin embargo, ahora mismo está en procedimiento de enmiendas al articulado y hay un partido que ha presentado una enmienda a la totalidad. Tras recabar el apoyo de más de 700.000 personas gracias al trabajo incansable de unas 900 organizaciones, Espínola cerraba su intervención apelando a que “no podemos dejar morir esta ILP”.  

Mesa 3: el derecho de asilo en entredicho  

La tercera mesa centró el debate en cómo queda la protección internacional y asilo tras el acuerdo del PEMA. Verónica Laorden Gómez-Pavón, responsable Estatal del Servicio de Investigación y Estudios de CEAR, dio algunas cifras importantes para entender la dinámica global de los desplazamientos forzosos. Según indicó, en 2023 hubo más 110 millones de desplazamientos forzosos, de ellos 62 millones fueron desplazamientos internos (dentro del propio país) y 36 millones fueron a terceros países. Las personas que cruzan las fronteras, normalmente lo hacen a los países vecinos, de manera que el perfil del país de acogida no es un país europeo o del norte global, sino un país del sur global de renta media-baja.  

Una de las principales barreras para acceder a los sistemas de protección y asilo es, según Laorden, el hecho de que la solicitud tiene que hacerse en el propio país donde se quiere buscar protección, no se pueden solicitar en embajadas ni existen vías seguras. Lejos de intentar mejorar el procedimiento, el Pacto, dificulta “todavía más” el acceso al procedimiento de asilo. 

Por su parte, Ana Castaño, abogada en No Name Kitchen, explicó el procedimiento de triaje en frontera en el que, en un “tiempo record” (siete días, tanto para mayores como menores de edad), se valora la situación de la persona y se decide si entra en el procedimiento de asilo o en el de retorno. Un proceso exprés que deja dudas sobre sus garantías.  

Ante este nuevo marco normativo, Javier Moreno, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), alertaba de que “gran parte de los internamientos, retenciones y detenciones van a ser bajo custodia policial”, por ello es importante la labor de vigilancia de las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, el Pacto contempla la creación de un mecanismo de seguimiento independiente por parte de los Estados, para monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamental de la UE e investigue casos de violaciones de derechos humanos. Este es un mecanismo que “hay que exigir”, según palabras de Moreno, ya que no se puede dar por hecho. 

La Jornada cerró de la mano de Jaime Pons, coordinador de la Oficina Técnica del Servicio Jesuita a Migrantes, con un resumen de las principales ideas y un llamado a la resistencia, la rebeldía y a la construcción de una sociedad diversa.  

La Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE 

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo en el artículo 18, así como que su concesión es una “obligación internacional” para los Estados firmantes de la Convención de Ginebra, entre los que figura la UE. El giro del Pacto en cuanto a la protección internacional está motivado, según se denunció en la Jornada, porque la Convención se ideó como respuesta al éxodo de personas refugiadas europeas tras la Segunda Guerra Mundial.  

Ahora, para los desplazamientos forzosos provenientes del sur global, el Pacto pretende poner límites al consenso anterior, dejando en evidencia que la discriminación y el racismo estructural sigue permeando en el marco normativo europeo y español.