Día Internacional de las Personas Refugiadas: «Para nosotras, todos los días es 20 de junio»

Como cada 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas, aprovechamos esta fecha para volver a denunciar la vulneración del derecho al asilo en el estado español. En esta ocasión, hemos hablado Adilia de las Mercedes, jurista especializada en derechos humanos y derecho antidiscriminatorio, directora de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos y Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, para conocer cómo la falta de citas tiene unas consecuencias graves en la vida de miles de personas.

1. ¿Qué significa esta fecha para vosotras desde la Asociación Mujeres de Guatemala AMG? 

Cumple la función de recordar a quienes no son personas refugiadas que el exilio existe y que el asilo es un derecho humano, aunque para las personas refugiadas es un día más, para ellas, para nosotras, todos los días son 20 de junio.  

2. ¿Cómo afecta en la vida de las personas refugiadas y solicitantes de asilo la falta de citas en el Estado español? ¿Y en la vida de las mujeres solicitantes de asilo en particular? 

La afectación es en todas las esferas de su vida cotidiana, aunque el impacto es mayor en el acceso a determinados derechos, como la posibilidad de ejercer el derecho humano que es solicitar asilo, de lo cual se derivan numerosas afectaciones a otros derechos, entre ellos: 

La posibilidad de obtener un documento español que acredite la situación administrativa que correspondería a las personas refugiadas como solicitantes de asilo.  

La imposibilidad de acreditar la identidad con un documento español repercute en el acceso a la vivienda, por múltiples razones, entre ellas, la invalidación de los documentos de otros Estados que acreditarían la identidad para firmar un contrato de alquiler. En ocasiones también las personas refugiadas, en general, se han visto imposibilitadas para abrir una cuenta bancaria o incluso obtener el abono transporte por la invalidación de sus documentos de identidad de los Estados de origen.  

Otro derecho lesionado especialmente es el derecho al trabajo, ya que el no poder realizar la solicitud de asilo impide que el tiempo legalmente establecido transcurra a efectos de obtener el permiso de empleo correspondiente; pero en los casos en los que las personas ya han solicitado asilo, la caducidad de los documentos españoles y la ausencia de citas para renovarlos han hecho que pierdan sus empleos.  

La supervivencia cotidiana de las personas refugiadas, en general, depende de poder acreditar un estatus administrativo al que no pueden acceder porque la Administración lo impide. Pero en el caso de las mujeres, se pueden ver afectados otros derechos, entre ellos, el derecho a un aborto seguro, ya que la asistencia sanitaria les es negada. Asimismo, la mayoría de personas refugiadas a cargo de menores de edad son mujeres, y la ausencia de citas les afecta desproporcionadamente también respecto de la posibilidad de sostener a sus familias.  

3. ¿Qué debería cambiar a nivel político y administrativo para garantizar que las personas refugiadas puedan ejercer plenamente sus derechos? 

Es una cuestión de igualdad ante la ley. Si el ordenamiento español consagra la igualdad y la no discriminación como pilares del Estado de Derecho, no puede cerrar el acceso a la Administración por una cuestión de origen nacional.  

Además, esta discriminación se debe a cuestiones únicamente materiales: medios técnicos, humanos y presupuestarios. Los derechos de la población refugiada ya están recogidos en la legislación nacional, europea y universal, aunque el ejercicio de estos por parte de las personas refugiadas está siendo sistemáticamente impedido, degradado y denegado.  

4. ¿Por qué es importante que la sociedad española esté informada sobre esta vulneración de derechos? 

Porque las leyes emanan del pueblo. Son las sociedades las que deciden si quieren un modelo donde el Derecho internacional de los derechos humanos se respete o uno donde los derechos humanos no existan o solo existan para unos pocos. Es la sociedad quien decide si el derecho de asilo debe ser protegido o prefiere un modelo donde no se pueda realizar efectivamente la justicia social y el principio básico de igualdad ante la ley.  

5. ¿Qué papel puede jugar la ciudadanía para apoyar esta causa y presionar por un sistema más justo? 

España en un país que durante décadas exportó personas refugiadas a muchos países, la primera tarea siempre es hacer memoria. Y la segunda es pensar que la historia siempre se puede repetir y que ningún país puede vivir sin derechos humanos que protejan a personas perseguidas porque todas podemos serlo en un momento determinado de la historia. Asimismo, ningún Estado de derecho lo es solo hacia el interior de los Estados, ya que estos tienen obligaciones frente a la comunidad internacional y el deber de la ciudadanía es presionar para que estos deberes se cumplan.  

En un plano más individualista incluso, ninguna persona puede asegurar que no será ella la siguiente exiliada. Ya solo por eso defender el derecho de asilo es un seguro de vida para cualquier persona.  

El rol de las OSC es muy importante. Sin embargo, las más grandes no están cumpliendo con su papel: su postura básicamente asistencialista ha dejado de lado la denuncia crítica a las diferentes acciones legales y materiales de la Administración y no han hecho nada para que se solucione esta situación que, debe recordarse, ya dura años.